Presentan nuevos cargos contra James Comey, exjefe del FBI y crítico de Trump
El exdirector del FBI James Comey fue acusado por la presunta filtración de información de defensa nacional, el tercer caso penal en contra del exfuncionario y crítico declarado del presidente Donald Trump.
El Departamento de Justicia acusa a Comey, de 65 años, de comunicar información en octubre de 2016, cuando era director del FBI, a una "persona que no tenía derecho a recibirla", según documentos judiciales revelados el lunes.
Comey fue acusado en septiembre del año pasado de hacer declaraciones falsas al Congreso pero un juez federal descartó el caso.
En abril, volvió a ser acusado por una presunta amenaza a la vida de Trump por medio de una publicación en Instagram, algo que Comey niega.
En el caso más reciente, se acusa a Comey de haber instruido a una persona no identificada para que "divulgara información de defensa nacional a un reportero de una publicación informativa nacional".
"Han vuelto", dijo Comey en un video publicado en la plataforma Substack en respuesta a los últimos cargos.
"Casi daría risa si no fuera un abuso tan espantoso del Departamento de Justicia", agregó. "Sigo siendo inocente. Sigo sin tenerles miedo a estas personas y sigo creyendo en la independencia del poder judicial federal".
En una declaración a medios estadounidenses, el abogado de Comey, Patrick Fitzgerald, dijo que los cargos en el caso más reciente ya habían sido investigados por fiscales durante la primera administración Trump y que "el gobierno determinó que no debía presentar cargos contra nadie".
"El señor Comey mantiene firmemente su inocencia", dijo Fitzgerald.
La desclasificación de los documentos judiciales se produjo apenas unas horas después de que un juez federal estadounidense dictaminara que el despido, en julio de 2025, de la hija de Comey, Maurene Comey, exfiscal federal en Nueva York, fue ilegal.
Desde que asumió el cargo, Trump ha adoptado una serie de medidas punitivas contra sus enemigos, depurando a funcionarios gubernamentales considerados desleales, apuntando a los bufetes de abogados involucrados en casos anteriores en su contra y retirando fondos federales a universidades.
R.Lagomarsino--PV